El Gobierno de Gibraltar ha advertido de que la última "invasión" anoche de las aguas que reclama como propias por parte de barcos armados de la Guardia Civil merece una respuesta que refleje la "escalada" de tensión iniciada, en su opinión, por parte española.

El Ejecutivo de Fabian Picardo considera de "gran seriedad" que pescadores algecireños violen la ley del Peñón en aguas de "soberanía británica" con el apoyo de la Guardia Civil, en lo que supone un intento si no "buscado", "permitido", por parte del Gobierno español.

Este comportamiento, añade el Gobierno gibraltareño en un comunicado, demuestra que "para algunos en España el asunto de la pesca es irrelevante" porque se trata "solo de una excusa para intentar imponer su control sobre las aguas territoriales británicas y gibraltareñas en un desafío flagrante a la soberanía británica".

No obstante, tiende una mano al diálogo y saluda las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hoy señalando que la solución a este conflicto debe llegar a través de un acuerdo entre Gibraltar y las Cofradías de pescadores. Eso sí, ese acuerdo, avisa Picardo, no puede suponer incumplir la ley gibraltareña de 1991 que impide pescar con redes.

El Gobierno gibraltareño recuerda que con los pescadores de la Línea de la Concepción --municipio gobernado por el PSOE-- sí se ha podido llegar a un principio de acuerdo que permite faenar a los pescadores con palangre.

En la misma nota, Picardo denuncia que "algunos elementos en España sigan poniendo en peligro las vidas de los que están en el mar al buscar avanzar en su posición sobre las aguas que rodean Gibraltar" cuando podrían intentar resolver este litigio recurriendo a los tribunales internacionales. "Las provocaciones innecesarias deben terminar", insiste.

El conflicto entre los pescadores con el Gobierno gibraltareño se remonta a marzo pasado, cuando Picardo rompió unilateralmente el acuerdo que existía desde 1999 y que dejaba faenar a los españoles sin restricciones siempre y cuando no se acercaran a menos de 225 metros de la costa.

El acuerdo suponía por tanto que la ley gibraltareña de protección medioambiental solo se aplicaba hasta 225 metros de la costa. España busca regresar al statu quo existente desde 1999, pues, aunque no tiene nada en contra del contenido de la norma, no acepta someterse a una ley gibraltareña que afecta a unas aguas que España no le reconoce a Reino Unido.

España sostiene que por el Tratado de Utrecht de 1713 por el que cedió a la Corona británica la ciudad de Gibraltar, a Reino Unido y a Gibraltar solo le corresponden las aguas del interior del puerto.